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Consecuencias legales de la posibilidad de reventa de videojuegos descargados

La reventa de licencias de videojuegos descargados es lícita bajo ciertas condiciones

La industria europea del videojuego se ve fortalecida por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de julio de 2012, por medio de la cual la Gran Sala confirma que el autor de programas de ordenador no puede oponerse a la reventa de sus licencias «de segunda mano» que permiten la utilización de sus programas descargados de Internet, en el asunto C‑128/11 (procedimiento entre UsedSoft GmbH y Oracle International Corp.).

Este órgano, que tan solo ha venido a aclarar lo que dispuso en su día el legislador europeo, recuerda que existe a favor del usuario la posibilidad de revender licencias de uso [incluidas las de videojuegos], siempre y cuando se den todas y cada una de las circunstancias siguientes:

  1. El usuario que desee vender su licencia tiene que haberla adquirido de forma legal, mediante su compra u otro título de transmisión de la propiedad (regalo, herencia…)
  2. La adquisición de la licencia debe haber tenido lugar en el ámbito de la Unión Europea, cosa que sucede siempre que el consumidor tenga su residencia habitual en Europa y adquiera la licencia en este territorio, incluso cuando el vendedor sea de fuera de la Unión.
  3. Solo podrá revender las licencias que afecten a las copias de videojuegos que haya adquirido en un soporte tangible o que haya tenido que fijar en uno.
  4. La reventa solo se podrá hacer dentro del plazo de vigencia de la licencia, en caso de que ésta sea limitada.
  5. El usuario revendedor debe entregar al comprador, junto con la licencia, la copia del videojuego, o eliminarla, en caso de que el comprador desee (o tenga que) acceder a ella de otra forma igualmente legal.

Las consecuencias más importantes son las siguientes:

  • Los compradores europeos de videojuegos pueden revender licencias de todos los videojuegos que tengan en soporte tangible o descargados en su ordenador, siempre que los hubieran adquirido de forma legal dentro de la Unión Europea.
  • Las plataformas que permiten la descarga de videojuegos deben, igualmente, permitir la reventa e intercambio de licencias entre jugadores europeos. Estas plataformas pueden cobrar al usuario, directamente o con cargo al importe de la transacción, una comisión por el servicio de reventa. Steam y la App Store son algunas de las plataformas afectadas.
  • Las licencias de juegos en línea no pueden revenderse, ya que la copia del videojuego no se ha distribuido en soporte tangible. Por ejemplo, las licencias de World of Warcrfat no pueden revenderse.

Mi apreciación personal es que esta interpretación de la norma impulsa el sector de los videojuegos por los motivos siguientes:

  • Precios más atractivos para el usuario:
    • El usuario, una vez ha disfrutado del videojuego, puede revender la licencia recuperando parte del dinero gastado.
    • Los usuarios que deseen retener las licencias adquiridas podrán hacerlo de la misma forma que se hace hoy en día.
    • Será posible impulsar un sistema de alquiler de videojuegos con licencias temporales, que desincentiven la reventa pero que puedan ser adquiridos a precios más asequibles
  • Nuevos modelos de negocio:
    • Las plataformas de distribución pueden explotar nuevos modelos de negocio basados en servicios de reventa y subasta de licencias
    • Se impulsará el juego en línea o en la nube de forma que se evite la descarga de copias en los ordenadores del usuario, con posibilidad de cobrar cuotas de mantenimiento o explotar los juegos con publicidad, micropagos u otras vías.
    • La posibilidad de revender juegos y recuperar parte del precio o adquirirlos a menor precio dará lugar a un aumento del número de videojuegos de curso legal en uso, sin modificaciones ilícitas o no autorizadas y, por tanto, con posibilidad de introducir publicidad contextual mediante códigos de invocación u otros sistemas de monetización.
  • Varapalo a la piratería:
    • La posibilidad de adquisición de videojuegos a precios más competitivos, la compra de segunda mano y el impulso a los juegos en línea desincentivarán la descarga ilegal de copias.

En definitiva, la sentencia del Tribunal de Justicia tan solo ayuda a interpretar de forma correcta la norma europea de 2001, abriendo un basto abanico de oportunidades de negocio para el sector de los videojuegos. Sin duda, el contenido de la sentencia es excelente tanto para los autores e intermediarios, como para los usuarios.

Este análisis es el resultado de una petición de declaraciones por parte de Nosplay para la elaboración del artículoLa segunda mano digital afectará a las ofertas temporales de las plataformas” publicado por ABC el 17 de julio de 2012.

Imagen compartida por Jaylopez

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Análisis técnico del proceso creativo de una obra audiovisual

Convertir una idea en una obra audiovisual requiere de un laborioso proceso creativo

El libro Ideas, bocetos, proyectos y derechos de autor, editado por Reus, contiene un breve capítulo que escribí con motivo de una ponencia sobre el proceso creativo de una obra audiovisual analizado desde el punto de vista técnico que me encargaron para las Jornadas sobre “Ideas, bocetos, proyectos y Derechos de Autor”, que tuvieron lugar los días 23 y 24 de septiembre de 2010 en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia.

Las Jornadas se dividieron en módulos temáticos, según la especialización de cada ponente. Así, por ejemplo, Tomás Rosón y Miguel Encabo abordaron el estudio de la protección jurídica de las ideas en el ámbito musical; Sara Romero y Paloma del Hoyo se centraron en los ensayos y bocetos de obras plásticas; Javier Arribas y Jorge Ortega analizaron la cuestión en proyectos, planos, maquetas y diseños de obras de ingeniería y arquitectura… y en mi caso, fue en las obras audiovisuales en lo que me centré junto con Sara Martín, profesora de Derecho Civil de la Universidad Carlos III.

Cada tema contó así con dos ponentes: uno analizaba la cuestión desde un punto de vista estrictamente técnico y el otro desde el jurídico. En nuestro caso, convení con la prof. Sara Martín que fuera ella quien llevara a cabo el análisis jurídico, quedándome yo con el análisis técnico del proceso creativo de una obra audiovisual. Es por ello que mi artículo no contiene una sola mención jurídica; se limita a explicar el proceso a través del cual un equipo de personas transforman una mera idea en una obra cinematográfica o videojuego.

La bibliografía que consulté para elaborar este artículo fue principalmente la siguiente:

  • AUGROS, JOEL; El dinero de Hollywood: financiación, producción, distribución y nuevos mercados, Barcelona, 2000
  • CASCAJOSA VIRINO, Concepción Carmen; El Espejo deformado: Versiones, secuelas y adaptaciones; Universidad de Sevilla; Sevilla; 2006
  • FELIPE, Fernando de y GOMEZ, Iván; Adaptación; Universitat Ramon Llull; Barcelona; 2008
  • FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico; El libro del guión; Ediciones Díaz de Santos; Madrid; 2005
  • MANZANO ESPINOSA, Cristina; La adaptación como metamorfosis: Transferencias entre el cine y la literatura; Editorial Fragua; Madrid; 2008
  • SÁINZ SÁNCHEZ, Miguel; El productor audiovisual; Editorial Síntesis; Madrid; 1999
  • VÁZQUEZ, Pilar y CANO ALONSO, Pere Lluis; De la creación al guión: Doc Comparato; Instituto Oficial de Radio y Televisión. RTVE; Madrid; 2002

A continuación comparto la presentación que usé como apoyo para guiar mi ponencia. Adicionalmente, puesto que he cedido mi artículo a la editorial sin exclusividad, en las próximas semanas lo publicaré en este blog. Si a alguien le interesa leer el análisis jurídico y el resto de artículos, puede adquirir el libro en multitud de librerías (en formato papel).

Imagen cedida por Paola Murias (Rosario, Santa Fe, Argentina)
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I Encuentro profesional del derecho del entretenimiento, “el abogado en la industria de los contenidos”

Derecho del Entretenimiento, Asociación Española

En el marco de la Feria Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), la asociación española de derecho del entretenimiento (llamada “Derecho del Entretenimiento, Asociación Española” o DENAE) organiza el I ENCUENTRO PROFESIONAL DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO, “el abogado en la industria de los contenidos”.

La mesa debate estará moderada por D. Iban Díez López, vicepresidente de DENAE, y contará con las intervenciones de:

  • D. Nicolás Bergareche, Secretario del Consejo de Vertice 360
  • D. Ricardo Cabaleiro, Socio del Despacho Lehmann & Cabaleiro
  • D. Javier Fernández Lasquetty, Socio del Despacho Elzaburu
  • Dña. Adriana Moscoso, Abogada de la Sociedad General de Autores y Editores
  • D. Javier Prenafeta, Abogado especialista en IT y Comunicación

El evento tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre de 2010 a las 15:30 horas en la Sala Paris del Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Avenida Capital de España Madrid, s/n. Campo de las naciones. La asistencia es libre, previa inscripción gratuita en FICOD.

Asimismo, aprovecho este post para invitaros al taller que tendrá lugar justo antes del encuentro de DENAE (a las 15:00h, también en FICOD), en el que abogados del bufete Abanlex explicaremos los aspectos legales que debe tener en cuenta un community manager en el ejercicio de sus actividad: Derechos de los usuarios en redes sociales; especial mención al community manager.

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Presentación en el MNDTIA

Imagen cedida por Vasya Pipiskin

El pasado miércoles (17 de febrero de 2010) fui a presentarme a los alumnos del MNDTIA (Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual). Este año los alumnos han tenido que resolver el caso que preparé a la promoción 08/09.

Me consta que es un caso popular ya que he recibido solicitudes de resolución del mismo de alumnos de postgrados similares de Méjico, Colombia y Perú.

Durante mi visita de presentación uno de los alumnos me preguntó por las consecuencias jurídicas derivadas de la ubicación de los servidores en las Islas Caimán y su relación con la protección de datos. ¿Existe transferencia internacional? Naturalmente, existe. Por el solo hecho de que los datos personales traspasen la frontera política del E.E.E., la transferencia internacional existe, teniendo diferentes efectos prácticos si el destino o el tránsito y, en cualquier caso, su tratamiento se realiza en un país miembro de la Unión Europea o externo a ésta; y en este último caso, también sería diferente si la entidad encargada del tratamiento forma o no parte del Acuerdo de Puerto Seguro.

Sin embargo, aunque el caso está preparado para poder ser abordado desde cualquier ángulo jurídico, ninguna de las preguntas del caso práctico fue concebida para ser respondida sobre cuestiones relativas a la protección de datos, por la simple razón de que no era yo el profesor a quien se le había encargado impartir esa materia. La pregunta va más encaminada a impulsar a los alumnos a investigar qué ley es aplicable en caso de conflicto con los derechos de autor de las obras alojadas y cuál sería en cada caso la jurisdicción competente.

En este sentido, para responder correctamente a la pregunta sería necesario realizar un análisis (sucinto) de la normativa nacional e internacional relativa a normas de conflicto y reglas de jurisdicción en materia de derecho de autor y derecho internacional privado. Resulta exquisitamente entretenido de leer, y un buen punto de partida para la investigación, el análisis del tema que realizó la Profesora Raquel Xalabarder (Profesora de Derecho Civil de la UOC) para el “Décimo Encuentro Regional de la Sociedad Americana de Derecho Internacional. Undécimo Simposio Anual Fulbright”, bajo el título Derechos de autor: ley aplicable y jurisdicción competente en la era digital.

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La SGAE pasa el cepillo en las peluquerías

sgaeprotestapeluqueriasEl contenido de este artículo ha quedado desfasado debido a la interpretación de la norma por el TJUE publicado en Luxemburgo el 25 de marzo de 2012 (ver nota de prensa)

La SGAE entra en las peluquerías… y no precisamente para cortarse el pelo, sino para “pasar el cepillo” o, mejor dicho, para pedir lo que es de sus socios.

Según informa La Vanguardia (tomando como fuente un comunicado de la Agencia EFE), “las peluquerías catalanas han declarado la guerra a la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que las obliga a pagar un canon por poner la radio, y han iniciado una campaña en la que piden a los clientes que acudan con su propia música para evitar el pago del impuesto” (Nota al lector: donde la agencia EFE dice “canon” e “impuesto” en realidad quiere decir “cuota” y “tarifa”). La polémica surgió a raiz de la visita de uno de los inspectores de la SGAE a una peluquería de Barcelona y cuya historia puede leerse aquí (aunque hago un resumen en el párrafo siguiente).

En resumen, los hechos son los siguientes: el titular de la referida peluquería abierta al público tiene instalado en ella una radio. El aparato de radio mencionado está ubicado en la zona de atención al público y su finalidad es la de dar un servicio más a sus clientes, cual es el de crear ambiente; un ambiente agradable que invite a esperar y cortarse el pelo de forma más relajada y agradecida. Uno de los inspector de la SGAE entró en la peluquería con la intención de informar al titular del local de que, por mandato legal y en representación de los socios que forman parte de la sociedad, debía pagar una cuota de 6 euros mensuales en concepto de comunicación pública por la música que ponía a sus clientes. A raíz de esta comunicación, las peluquerías de Cataluña han puesto el grito en el cielo, como ya antes lo hicieron los hosteleros, los transportistas de viajeros, los baristas, etc.

Leída la noticia en los medios de prensa y esbozada una mueca de complicidad con los peluqueros, recibo una llamada de Radio Nacional para hablar en el programa La tarde en vivo (Radio 5) y explicar si la SGAE tiene o no derecho a cobrar en estos casos.

Resumen jurídico de los fundamentos de derecho que permiten a la SGAE cobrar en estos supuestos:

INTRODUCCIÓN: La “propiedad intelectual” es un derecho que crean sus autores sobre el que, de conformidad con los arts. 348 y 428 del Código Civil, tienen derecho a gozar y disponer del mismo a su voluntad, y explotar su obra literaria, científica o artística, en todas las variedades que la vigente legislación reconoce. Tal derecho tiene un contenido no sólo de satisfacción interna de su autor, sino que externamente está destinado a la difusión de la obra producida entre el público, contribuyendo, entre otros fines, a la formación cultural y lúdica de éste, constituyendo la obra intelectual en sus variadas formas una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, según ya de antiguo declaró la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia de  6 octubre de 1915.

NORMATIVA: Por todo ello, el reflejo que en la normativa vigente tiene el derecho de propiedad intelectual persigue conceder al autor el derecho de explotación de la misma, traducido, en lo que ahora se discute – art. 20, 2.g), del Real Decreto Legislativo 1/2006- en “la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida. Norma ésta a su vez previamente establecida en el Convenio de Berna, que en su art. 11.bis.1 atribuye a los autores intelectuales no sólo la radiodifusión de sus obras o su comunicación pública por cualquier medio y toda comunicación pública, con hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida o televisada, sino, en cuanto ahora interesa, “la comunicación pública por altavoz o por cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida o transmitida”.

EL EQUILIBRIO DE DERECHOS: La prestación dineraria se justifica, además, porque suponiendo la creación de obras artísticas de cualquier clase un esfuerzo por parte de sus autores, unido a aptitudes especiales en ciertas clases de obras que implican emanaciones de la personalidad y preparación del creador, su utilización gratuita por extraños con fines lucrativos supondría un enriquecimiento injusto, en cuanto que la retransmisión de la propiedad intelectual ajena la tiene como uno de los servicios que presta a sus clientes, y, por tanto, integra un medio lucrativo por el que es de justicia que satisfaga la contraprestación correspondiente. Tal es, sin duda, el propósito del legislador nacional y del derecho comparado, pues de otra forma se desequilibrarían las recíprocas prestaciones nacidas, por el mero hecho de la recepción, entre quien dispone del trabajo creativo de un tercero, para incrementar su clientela y en definitiva su patrimonio, y el dueño de la obra, que tiene evidente derecho a su exclusiva explotación.

LA AUTORIZACIÓN DEL AUTOR: El carácter exclusivo de los derechos de autor para autorizar “toda comunicación pública, sea por hilo o sin hilo”, de la obra radiodifundida, sea por altavoz o de cualquier otro modo, comprendiendo sonidos e imágenes” (Convención de Berna, art. 11.bis.1), y el corresponder al autor, según el art. 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, “el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma” y en especial su “comunicación pública y transformación; que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley”; son expresiones literales que no ofrecen duda y a ellas hay que atender en primer lugar según el art. 3.º1 del Código Civil; sin tergiversar su sentido y llegar a una interpretación contra legem, toda vez que la frase que se utiliza en ambas normas internacional e interna de “obra radiodifundida” o “de obra difundida” no indica una expresión referida exclusivamente a supuestos específicos, sino que tiene el sentido de generalidad como uno de los caracteres de las leyes, que ha de ser compatible en este caso con el citado art. 17 y con la emisión o transmisión en lugares accesibles al público mediante cualquier instrumento idóneo “por radio o televisión”.

PAGO NO DUPLICADO: Lo anterior queda a su vez corroborado, a modo de una interpretación auténtica, por la Orden Ministerial de 15-6-1959, no derogada, en el sentido de que no hay una duplicidad de derechos de autor, puesto que se trata de supuestos de hecho completamente diferentes que el legislador contempla con independencia, cuales son las radiodifusión, la retransmisión, y la comunicación pública por altavoz o elementos transmisor de sonidos o de imágenes; ni sería equitativo hacer pesar únicamente sobre la emisora de radio la relación económica con los titulares de la propiedad intelectual utilizada, prescindiendo del hecho de la retransmisión en cadena a otras emisoras o de su utilización pública por medio de receptores, cada uno de cuyos actos produce por sí mismo una propia difusión o publicación de la obra intelectual de distinta naturaleza, excluyendo por supuesto como hace expresamente la Ley vigente (art. 20.1, párr. 2) las comunicaciones que se celebren dentro de un “ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo”; revelando así estas puntualizaciones la sujeción al régimen general de cualquier otra comunicación.

OBLIGACIÓN DE PAGAR A LA SGAE: El titular que explota un local abierto al público en el que ofrece audiciones radiofónicas, viene obligado a satisfacer a la SGAE los derechos correspondientes según las tarifas generales, y siempre que las mismas sean de aplicación a las circunstancias acreditadas, por cuanto que esta sociedad de gestión de derechos representa a una multiplicidad de autores que voluntariamente han decidido delegar a la misma el cobro de estos derechos.

ALTERNATIVAS AL PAGO A LA SGAE: No son de aplicación las referidas tarifas cuando en el local no se comuniquen obras incluídas en el repertorio de la SGAE, tal y como sucede en los establecimientos que sólo hacen uso de emisoras de noticias o de la llamada “música libre”.

Materiales disponibles:

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