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Cómo actuar en caso de suplantación de identidad en blogs y redes sociales

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Entrevista preparada para Radio Enredados

 

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- Identidades falsas y Usurpación de estado civil. El delito del 401 del Código Penal

- ¿Es delito suplantar la identidad de otro?


Enredados, la radio de la blogosfera andaluza, me ha invitado a participar (por medio de @Carlos_Arias) en la tertulia de esta semana sobre Suplantación de Identidad en Blogs y Redes Sociales. Desafortunadamente, he tenido que rechazar la invitación por coincidencia con un compromiso previo con la Universidad Camilo José Cela, institución en la que este verano impartiré un curso de Experto en Protección de Datos junto con Joaquín Muñoz y otros profesionales del sector. Sin embargo, no quiero dejar escapar la oportunidad para comentar algo sobre el tema.

La suplantación de identidad adopta muchas formas en Internet. En ocasiones, los infractores se apoyan en vulnerabilidades tecnológicas para poder hacerse con el control de cuentas de correo electrónico o perfiles de mensajería instantánea; otras veces hacen uso de técnicas de ingeniería social para engañar a los propios usuarios y convertirles en víctimas del phising o estafas similares; y aumentan los casos en los que son los propios usuarios quienes crean cuentas ficticias o falsificadas con la intención actuar bajo el anonimato de un nombre falso, dañar los interesese de terceros o cualquier otro motivo que se nos pueda (o no) ocurrir. En cualquier caso, la suplantación de identidad supone hacerse pasar por otra persona física o jurídica.

La suplantación de identidad llegó hace ya tiempo al mundo de los blogs y las redes sociales arrasando con perfiles de empresas y particulares, y la realidad es que sigue presente, manteniéndose un cierto clima de inseguridad en la red. En el caso de muchos usuarios de Internet, la red es un espacio seguro de comunicación y negocio gracias a que han adoptado medidas tecnológicas y de sentido común para evitar ser objeto de ataques o relacionarse con perfiles falsos; sin embargo, el público en general está aún muy lejos de haber sido concienciado sobre la naturaleza anónima de Internet y lo que ello supone, para bien y para mal (“En Internet, nadie sabe que eres un perro“). Para agravar la situación, la legislación aplicable es bastante escasa, imprecisa y enfocada al mundo analógico, por lo que encontramos casos en los que o bien no existe solución jurídica a un determinado supuesto o ésta es incapaz de atajar, reducir o impedir los hechos o las consecuencias.

Con el código penal de 1995 se perdió la posibilidad de denunciar la presencia de perfiles falsos en la red puesto que se suprimió el tipo previsto para el uso público de nombre supuesto, con lo que la simple presencia de un tal “Enzo McMeel” (nombre supuesto) en una red social o un blog no es de por sí constitutiva de delito. En cambio, la creación de perfiles falsificados, en los que se haya usurpado el estado civil completo de otra persona sí es constitutivo de delito y podría ser perseguido por encajar en el tipo del artículo 401 del Código Penal.

Las redes sociales se han percatado del riesgo que supone para su imagen y la seguridad de sus usuarios el mantener centenares de perfiles falsos y falsificados en la red. Algunas como Tuenti han optado por implantar y reforzar los mecanismos de seguridad en el acceso a la red, así como en la introducción, modificación y cancelación de datos, con el fin de impedir situaciones de suplantación de personalidad; facebook ha mejorado sus sistema de privacidad aunque parece verse desbordada por ser una de las que más perfiles falsos y falsificados aloja; no se queda lejos Twitter, una de las redes sociales con mayor crecimiento en usuarios y tráfico, pero también una de las más afectadas en cuanto a suplantación de identidad, que hace poco decidió mejorar su sistema de verificación de identidades de personas jurídicas, haciendo que la mayoría de los usuarios se preguntase: ¿y qué hay de nosotros?

Cómo actuar en casos de suplantación de identidad:

  • Es posible que el infractor pueda haber actuado o usado fraudulentamente el nombre y los datos del afectado poniendo a éste en situaciones legales muy peligrosas; en esos casos es prioritario denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de que quede constancia de que la identidad ha sido suplantada y no puedan atribuirle a él los hechos cometidos por el infractor.
  • Con el fin de evitar la vía judicial, es recomendable ponerse en contacto con el administrador de la página web o red social para que elimine de forma inmediata el perfil infractor o devuelva su control al verdadero titular. En algunos casos, ponerse en contacto con el suplantador para terminar la suplantación de una forma menos agresiva también puede acelerar el proceso.
  • En caso de que la vía judicial sea necesaria u oportuna, es recomendable levantar acta de presencia notarial de los contenidos infractores antes de solicitar su retirada.

Imagen cedida por foxumon.

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El núcleo de la Propiedad Privada

967768_green_south_african_avocado_pear_aka_avoEl núcleo de la propiedad privada es el poder de disposición sobre el título de propiedad (en mi opinión). Algunos autores, como el Prof. Dr. Luis Anguita (de la UCM) sostienen, sin embargo, que no existe tal poder de disposición sino hay un correlato lógico tal en el mercado que permita disponer de forma efectiva de dicho título, es decir, la propiedad privada sólo existiría cuando el objeto o el derecho sobre el que recae se puede vender, comprar o donar.

Conocer los límites de la propiedad privada, su contenido mínimo o núcleo y su relación con la función social, es una de las primeras etapas a cubrir a la hora de analizar la normativa española sobre esta materia. En mi caso, el motivo de estudio parte de un especial interés por la normativa de Patrimonio Histórico y Cultural, que me está llevando a especializarme en esta rama absolutamente minoritaria; minoritaria tanto en número de casos como en expertos en la materia, pero también -y desafortunadamente- minoritaria en cuanto al interés que despierta en los organismos públicos encargados de velar por ella.

Al enfrentarnos a la pregunta sobre cuál debe ser considerado el núcleo de la propiedad intelectual, lo primero que debemos hacer es acudir al artículo 33 de la Constitución, que reza:

  1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
  2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
  3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.

El artículo referido reconoce el derecho a la propiedad privada, pero al mismo tiempo establece dos límites fundamentales: El primero, referente a la función social; el segundo referente -principalmente- a supuestos de expropiación. Por tanto, llegamos a la conclusión de que, si bien existe un derecho llamado de propiedad privada, éste puede ser recortado en pro de la función social (entendido en este caso como acceso a la cultura y, en definitiva, acceso a la libertad), el interés social o la utilidad pública. Pero, ¿cuánto podrá ser recortado antes de dejar de ser propiedad privada? ¿Cuál es el núcleo esencial?

Sobre la existencia de este “núcleo esencial” del derecho de propiedad intelectual no cabe duda, puesto que así lo reconoce el artículo 53 CE cuando dice en su apartado primero que “sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de” los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I del texto constitucional.

Al analizar este concepto no puede caerse en el error de confundir “contenido esencial” de “contenido de utilidad”, este último mejor llamado de goce y disfrute de la cosa. El contenido de utilidad es el que permite a su titular utilizar o usar el objeto de la propiedad privada con el fin para el cual fue concebido u otro distinto. Por ejemplo, el contenido de utilidad propio de un libro sería su lectura y el impropio, servir de calzo para una mesa coja. En ocasiones, determinados usos impropios están prohibidos y castigados por la ley por amenazar o destruir la función social del bien; éste sería el caso, por ejemplo, de la quema intencionada de un cuadro de Monet (penada con hasta 3 años de cárcel por el artículo 323 del Código Penal) o, incluso, si tan sólo hubo imprudencia grave (art. 324). En otros casos, los usos propios también quedarían restringidos por motivos de conservación del bien o estudio científico o histórico (por ejemplo, con el deber de depósito temporal obligatorio de carácter anual de libros en centros de estudio para su análisis o consulta).

Sin embargo, aunque en estos casos el contenido de utilidad haya sido sustancialmente mermado, qué duda cabe de que sigue existiendo una propiedad privada sobre el bien, a favor de su titular, debido a que puede ostentar su titularidad (por la que pagará sus correspondientes impuestos, todo sea dicho) y defenderla frente a terceros. Por tanto, los estratos de los cuales podremos prescindir a la hora de definir el núcleo de la propiedad privada son el ius abutendi (derecho de disposición sobre la cosa) y el goce o disfrute sobre la cosa objeto del derecho, muy ligado en la práctica al anterior.

En cambio, hay dos estratos inseparables del núcleo y que no pueden ser sacrificados en pro de las funciones, intereses y utilidades antes referidas: el poder de disposición sobre el título y su defensa frente a terceros. Como he señalado al principio de este artículo, hay autores con más autoridad que el que aquí escribe, que señalan que el núcleo del derecho queda vacío de contenido si no se le añade un necesario contenido económico, que no es otra cosa que un mínimo de convertibilidad económica fijado por el mercado y los límites de la función social. Sin embargo, parece que el Tribunal Supremo en su Sentencia sobre inmuebles de renta antigua se decanta más por entender que, aunque la convertibilidad económica sea, en ese caso, en la práctica inexistente, basta con que exista un poder teórico de disposición sobre el título de propiedad para que el núcleo referido no se vea afectado.

Un caso que puede ayudar a comprender este extremo puede ser el de un castillo u otro inmueble de similares características sobre el que pesen una serie de obligaciones muy gravosas para su dueño, pero del que éste no pueda deshacerse por no encontrar comprador; y aun intentando donarlo, no haya donatario aceptante alguno, precisamente por las cargas con las que se entregaría el bien. En mi opinión, el mero poder de disposición (aunque sea teórico), en este y en cualquier otro caso, del título de propiedad basta para reconocer la existencia de un derecho real de propiedad privada, sin que sea requisito exigible para ello la convertibilidad económica del mismo. En otro caso, ¿ante qué figura jurídica nos encontraríamos? Como hemos visto, algunos autores apuntan a que nos hallamos frente a una modalidad sui generis no debidamente reconocida por la jurisprudencia; otros opinan que el bien se encuentra en un estado de expropiación sui generis temporal; en mi opinión, no es más que mera propiedad privada.

Sé que sería mucho pedir vuestra opinión al respecto sobre una materia tan árida… pero si alguno se anima, la tribuna queda libre.

Imagen cedida por Robbie Owen-Wahl (SXC)

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Los comienzos del caso Zubi Zuri, el Puente de Calatrava

Fotógrafo: matteo_dudek (CC)El arquitecto español Santiago Calatrava es mundialmente conocido por sus obras arquitectónicas y de ingeniería de magnífica estética y famoso por los pleitos millonarios que se generan a su alrededor; el último en el que se ha visto involucrado es el que protagoniza como autor del puente Zubi Zuri.

La historia se remonta a los años 80, cuando el Ayuntamiento de Bilbao quiso dotar a sus administrados de un puente que uniese ambas orillas para evitar los largos trayectos que los ciudadanos de la zona tenían que recorrer para cruzar el río, bien a través del puente del Ayuntamiento, bien a través de llamada Solución Centro.

En ese momento se decidió ofrecer a los ciudadanos de Bilbao algo más que una simple pasarela peatonal: un icono de la ciudad, un símbolo de la nueva Bilbao, un atractivo turístico y, en definitiva, una obra de arte de increíbles dimensiones y, además, peatonal. Para ello, contrató los servicios del estudio de Santiago Calatrava y en 1990 comenzaron las obras. Siete años después, el 30 de mayo de 1997, se inauguró el puente coincidiendo con la apertura casi simultánea del Museo Guggenheim.

Finalizadas las obras e inaugurado el puente, los ciudadanos observan que el diseño resulta poco funcional debido a que el puente conecta el Campo de Volantín con Uribitarte pero no con la Alameda de Mazarredo, que es una calle más alta que permite al acceso al centro de la ciudad. Aquí es donde empiezan los problemas.

Fotógrafo: Daquella manera (CC)Las autoridades locales contratan en 2006 al arquitecto Arata Isozaki el diseño y construcción de una pasarela práctica que conecte uno de los extremo del puente con el paseo de las Torres Isozaki Atea, salvando de esta forma el desnivel de 90 escalones existente entre la orilla del río y la zona centro.

Al poco tiempo, Calatrava se persona en el puente y observa como su construcción ha sido alterada de forma notable, viendo vulnerado así su derecho moral a la integridad de la obra; en concreto, Arata Isozaki había ampliado la pasarela principal varios metros, el diseño de esta ampliación era diametralmente diferente al suyo creando un extraño contraste con la obra y se había tenido que cortar una de las vallas originales que recorrían la estructura del puente. Ante estos hechos, Calatrava inicia en 2007 acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Bilbao y las promotoras inmobiliarias Vizcaína de Edificaciones y Larian 95 por vulneración de sus derechos morales.

El 16 de noviembre de 2007, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao dicta sentencia poniendo de manifiesto que el Derecho de Propiedad Intelectual no es un derecho absoluto y puede flexibilizarse en los casos en los que va aparejado a la necesidad de funcionalidad vial o urbana. El Juez Edmundo Rodríguez determinó en esta sentencia que, en efecto, los derechos morales de Santiago Calatrava habían sido vulnerados; sin embargo la utilidad pública debía prevalecer frente a éstos. La sentencia fue muy celebrada por las autoridades locales, pero Calatrava no quiso dejar ahí el asunto y recurrió a una instancia superior.

Esta instancia superior, la Audiencia Provincial de Bizkaia, se ha pronunciado: Reconoce la vulneración del derecho moral a la integridad de la obra de Calatrava, no otorga prevalencia al interés general ycondena al Ayuntamiento de Bilbao a pagar una indemnización de 30.000 euros al arquitecto.

En el siguiente post de este blog analizo la sentencia de la AP de Bizcaia, de absoluta relevancia para arquitectos, ingenieros y abogados de propiedad intelectual.

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